Cobros por indultos siguieron durante el gobierno de Humala

NACIONALES (Política)

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diariocorreo.pe:         Las cuestionadas conmutaciones de penas, más conocidas como “narcoindultos”, dadas durante el gobierno aprista siguen trayendo cola.

 Por un lado, un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Justicia, ProJusticia, señala que “los cobros ilegales” para el otorgamiento de conmutaciones se han mantenido durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. Por otro lado, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar contra el exministro de Justicia del gobierno aprista Aurelio Pastor por sus implicancias en este caso.

 

EL INFORME. El documento elaborado por ProJusticia señala respecto a este tema que hasta el momento nadie ha señalado si los presuntos cobros realizados por el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel, se han mantenido como algo institucional hasta el actual gobierno.

 “El siguiente informe muestra así que, a diferencia de lo que muchos creen, los cobros ilegales para el otorgamiento de conmutaciones también se mantuvieron hasta hace poco tiempo,y todo gracias a la protección brindada por altas autoridades del Ministerio de Justicia, quienes poco o nada hicieron frente a las denuncias de algunos trabajadores de que dichos cobros se siguieron realizando en penales como Lurigancho”, señala el documento denominado “Narcoindultos 2: Más allá de Chinguel”.

 El informe se remonta hasta mediados del año 2011, recordando que fueron dos facilitadores que trabajaban en la Comisión de Gracias Presidenciales, Renato Dávila y Alfredo Lizárraga, quienes denunciaron, tras recibir información de un interno, que el entonces coordinador de dicho grupo en el penal de Lurigancho, Manuel Huamán, había estado preso en ese mismo recinto y nada menos que por narcotráfico.

Ambos facilitadores optaron por comunicar de este hecho a la entonces Secretaria Técnica de la Comisión, Noelia Gómez, y allí empezó la historia de los “narcoindultos”.

 Lo curioso es que en lugar de prestar atención a esta denuncia, Gómez ordenó a los facilitadores dejar de asistir al penal los meses de agosto, setiembre y octubre de dicho año, alegando que la Comisión se iba a reestructurar ante la entrada del nuevo gobierno.

 Sin embargo, al regresar al penal, en noviembre, Dávila y Lizárraga -señala el informe- se sorprendieron al enterarse que, gracias a un acuerdo logrado con el recién nombrado presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Óscar Ayzanoa, los delegados jurídicos de los penales se habían convertido en los encargados de recabar las sentencias y seleccionar los expedientes de solicitud de conmutación, lo que de acuerdo a las quejas de algunos internos estaba permitiendo que los delegados empezaran a cobrar por este servicio.

 Dávila y Lizárraga acudieron nuevamente a la Secretaria Técnica de la Comisión, que no solo no tomó cartas en el asunto, sino que, por el contrario, cambió a Lizárraga a otro penal, mientras que Dávila comenzó a ser hostigado para que presentara su renuncia.

 Pero la cosa no quedó ahí. En junio del 2012 ambos facilitadores fueron denunciados ante la Secretaría Técnica de la Comisión debido a que un interno los acusó de solicitar 800 nuevos soles para agilizar sus papeles.

 Esta vez Gómez no solo se entrevistó personalmente con el interno denunciante, sino queordenó abrir un proceso administrativo contra ambos trabajadores, además de denunciarlos penalmente ante la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima.

 Según la versión de Dávila, la denuncia en su contra respondía a otra que él, junto a Lizárraga hicieron contra los nuevos promotores, quienes fueron acusados por algunos internos de variar el informe sicológico de un interno a fin de permitirle obtener la conmutación de su pena.

 El 2 de julio del 2012, Dávila se reunió con la entonces viceministra de Justicia, Eda Rivas, para informarle de las irregularidades que venían ocurriendo en la Comisión de Gracias Presidenciales. Al día siguiente, mediante Resolución Ministerial N° 0173-2012-JUS, dictada el 3 de julio, el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, declaró en reorganización administrativa la Comisión de Gracias Presidenciales. A través de dicha resolución, todos los trabajadores fueron suspendidos y sometidos a una evaluación.

 

PASTOR. Otro de los personajes involucrados en este tema, el exministro de Justicia Aurelio Pastor, será investigado por el Ministerio Público.

 Según informó este organismo, el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, abrió una investigación preliminar contra Pastor por el caso de otorgamiento de indultos.

 El Ministerio Público precisó que “que entre las diligencias previstas por el despacho de la Fiscalía de la Nación en este caso, se encuentra solicitar información al Ministerio de Justicia sobre la conmutación de penas, así como las actas de la comisión de indultos”.

 Además se requerirá información al Congreso de la República sobre el asesor parlamentario José Manfredi Manruffo Acosta, quien trabajó con Pastor.

 “También se tomará las declaraciones de Manfredi así como las de Facundo Chinguel y también las del investigado Aurelio Pastor”, se lee en el comunicado.

 Al respecto, Fernando O’phelan Pérez, abogado de ProJusticia, señaló que en las diversas etapas del sistema de justicia peruano, siempre han existido un sistema más sólido que los códigos y las leyes: “Los costos ocultos de dinero para pagos irregulares”.

 En diálogo con Correo, sostuvo que en el Perú actual, sin importar quién sea gobierno,existen los pagos irregulares por un beneficio penitenciario o una conmutación de pena.

Juan Jimenez

Foto: Y. Pérez.

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