Discriminación de Estado

EDITORIAL (El Comercio)

  • ¿Es válido hablar de inclusión social cuando una parte de los ciudadanos siente que sus derechos no son respetados? ¿Qué hace el Estado respecto a los mal llamados “grupos minoritarios”? (César Masías)

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Foto: Web del diario El Comercio.

elcomercio.pe:         En el 2007, Yefri Edgar Peña Tuanama trabajaba como promotora del Ministerio de Salud en el distrito de Ate. Un terrible día de ese año, el 28 de octubre, se encontró durante su recorrido al paradero Tagore con cinco pandilleros, quienes la persiguieron y golpearon brutalmente debido a su condición de mujer trans. Yefri logró escapar y corrió hacia una tanqueta de la Dinoes, buscando el auxilio de los dos policías que se encontraban en ella. Estos le negaron su ayuda y le dijeron que solucione sola sus problemas.

Yefri siguió huyendo, pero los hombres que la perseguían finalmente la atraparon en una cantina. Ahí, tomaron unas botellas rotas y le cortaron la cara, la espalda y el cuello. Creyendo que su víctima había muerto, los pandilleros se retiraron.

El caso de Yefri no es aislado. Si bien la policía no lleva una estadística de los crímenes de odio que se cometen en el país, muchos de estos llegan a las portadas de los diarios y a los programas de televisión todos los años. Un reciente informe de la ONG Promsex, por ejemplo, hace un recuento de escalofriantes casos ocurridos en las reciente s épocas. Entre ellos, policías que detienen arbitrariamente a un joven gay y lo violan con una vara de goma, juntas vecinales que apalean a una mujer trans y la obligan a dormir amarrada en la pista, o terroristas que, antes de asesinar a un homosexual, le cortan el pene en pedazos.

Frente a estos horrendos crímenes, el Estado no solo ha decidido abstenerse de dar un paso adelante para frenarlos sino que, en algunos sentidos, ha preferido dar varios vergonzosos pasos en la dirección opuesta. Según el citado informe, el Estado Peruano se ha vuelto un promotor de que se retire de tratados internacionales la protección contra la discriminación a grupos homosexuales. Siendo esta la política estatal, no es de extrañar que –según una reciente encuesta de la PUCP– el serenazgo y la policía sean las dos instituciones de la sociedad que menos respeto muestran por los ciudadanos homosexuales. Así las cosas, tampoco debería llamar la atención que en varios municipios se contemple como parte de la política de “seguridad ciudadana” la “erradicación de homosexuales” por considerarlos “gente de mal vivir”.

Como empeorando esta situación, el jueves pasado el pleno del Congreso rechazó una modificación al Código Penal para que las agresiones motivadas en la orientación sexual y la identidad de género fuesen castigadas con penas agravadas. A decir del congresista Humberto Lay, es mejor que el problema de la discriminación por orientación sexual se solucione con una mejor educación y no incluyendo nuevos agravantes en la ley. Una pobre excusa que tiene tanto sentido como decir que, para enfrentar una terrible ola de secuestros, es preferible mejorar los cursos de educación cívica en los colegios antes que recurrir al sistema penal.

Ahora, probablemente fue el parlamentario Julio Rosas quien dio el peor argumento –si generosamente se le puede llamar argumento– para rechazar la mencionada modificación. Él señaló que no podemos “estar incorporando algunas categorías que tergiversan nuestro ordenamiento jurídico”. Al parecer, para el congresista Rosas, sancionar severamente a los sujetos que le cortaron el cuello a Yefri Peña o a las personas que apalean y amordazan a ciudadanos homosexuales solo por serlo sería una penosa “tergiversación” del sistema legal.

Sorprendentemente, el pleno no tuvo inconvenientes en aprobar que se sancionen con penas agravadas las agresiones motivadas en otros supuestos de discriminación. Por ejemplo, los casos en los que el crimen se cometa por odio religioso (supuesto, vale la pena resaltar, muy extraño en el Perú, donde es exótico encontrar violencia en nombre de la fe). Así, por alguna razón que no pueden explicar (o que prefieren, por vergüenza, callar) congresistas como los señores Lay o Rosas no tienen problemas en discriminar al momento de sancionar los delitos motivados por discriminación. Parece que, para ellos, violar con una vara de goma a una persona debido a sus elecciones religiosas sería un crimen espantoso que habría que sancionar severamente. Pero si el motivo de la violación fuese el odio hacia los homosexuales, por lo visto, no habría por qué escandalizarse tanto.

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